Que los VTC puedan seguir operando implica que los puestos de trabajo se mantendrán y aumentaran el número de contrataciones.
Según la sentencia, la ratio de una autorización de VTC por cada 30 licencias de taxi “limita efectivamente el acceso al mercado a todo recién llegado“. Limitar el número de autorizaciones VTC en función de las licencias que se otorguen a los servicios de taxi es contrario al derecho de la Unión Europea.
La sentencia responde a la cuestión prejudicial que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le plantó al TJUE ante la demanda la sociedad Prestige and Limousine, S. L. (P&L) contra el reglamento del AMB para limitar el número de VTC en el área metropolitana de Barcelona.
Garantizar la viabilidad del taxi no puede ser la razón.
A este respecto, considera que si bien los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público y de la protección del medio ambiente, pueden constituir razones imperiosas de interés general, “el objetivo de garantizar la viabilidad económica de los servicios de taxi es un motivo de carácter puramente económico que no puede constituir una de esas razones”.
La limitación no es la solución idónea
En segundo lugar, el TJUE analizó si las limitaciones impuestas a la libertad de establecimiento están justificadas por una “razón imperiosa de interés general”.
El TJUE señala además que la limitación de una autorización de VTC por cada 30 licencias de taxis “no parece idónea para garantizar la consecución” de estos objetivos.
Otra autorización adicional por criterios objetivos.
En cambio, la exigencia de una autorización adicional sí “puede resultar necesaria para la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, asi? como para la protección del medio ambiente”.
Aunque los jueces aclaran que esa autorización “debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional, sino que respondan a necesidades particulares del AMB”.
La VTC ayuda al interés general
Además, el tribunal avala los argumentos de que los servicios de VTC ayudan a lograr estos objetivos de interés general, al fomentar la reducción del uso del vehículo privado y utilizar energías alternativas, así como contribuir a alcanzar el objetivo de una movilidad eficaz e integradora, gracias a su nivel de digitalización y a la flexibilidad en la prestación de servicios.
El TJUE también avala el argumento de que “es posible adoptar medidas menos restrictivas para limitar el posible impacto de la flota de los VTC en el transporte”.
