Las plataformas digitales no pueden sustentar su modelo de negocio y su ventaja competitiva en la erosión de los derechos de los trabajadores.
La negativa de Glovo a pagar las multas por incumplimiento de la llamada ley rider pone de manifiesto las peores prácticas de la economía basada en plataformas digitales. Glovo, una start-up de origen español, con una valoración de mercado de más de 2.000 millones de dólares, se niega sistemáticamente a pagar multas por valor de 200 millones de euros por el incumplimiento de una ley que se aprobó para proteger a sus precarios trabajadores, y que el Supremo confirmó como empleados laborales cuando la empresa los calificaba de autónomos.
La estrategia de negocio de Glovo se basa en crecer, aun asumiendo pérdidas, para ganar escala y cuota de mercado, alimentada por las expectativas de inversores que esperan un retorno futuro muy superior al habitual. Frente a esta estrategia, las actuales multas se han mostrado insuficientes para garantizar que sus trabajadores accedan a los derechos que otorgaría un contrato laboral, como ocurre en algunas de sus competidoras.
Las leyes están para cumplirse. Plataformas como Glovo o UBER eats las incumplen usando la figura del falso autónomo. Esto provoca un dumping social que dificulta la supervivencia y la mejora de las condiciones sociales en otras empresas que cuentan con trabajadores asalariados.
Bruselas puso en marcha el año pasado una directiva que avanza en la misma dirección que la regulación española, pero su aplicación todavía no ha sido efectiva. La Organización Internacional del Trabajo busca también dotar de derechos a los millones de personas que obtienen un salario a través de su participación en estas plataformas digitales, sin muchos avances hasta hoy.
Si un modelo de negocio solamente resulta viable saltándose la ley, no es un modelo de negocio y los inversores deberían tenerlo en cuenta a la hora de apostar por este tipo de empresas
Ninguna innovación digital, por prometedora que sea, puede sustanciar su ventaja competitiva en una erosión de los derechos de sus trabajadores o en el incumplimiento de las regulaciones vigentes. Bien al contrario, crecer bajo esas condiciones es una hipoteca que tarde o temprano termina por pasar factura. España y la Unión Europea deberían intensificar su presión sobre estos modelos de negocio para evitar que abusos disfrazados de innovaciones prosperen aprovechándose de la precariedad. Unos abusos que no solo afectan a los trabajadores, sino que contribuyen a distorsionar la libre competencia favoreciendo a las empresas tramposas frente a aquellas que han optado por cumplir con la normativa.
Fuente el Pais
