“Papelitos” cuyo valor es literalmente de cero €, a cambio de 15.000 euros.
Cabify está en números rojos. La plataforma necesita millonarias aportaciones. Su voracidad por el efectivo es atroz y la situación financiera no está como para pedir créditos a la banca.
A la busca de inversores incautos, los propios conductores.
Cabify se ha sacado de la chistera una fórmula imaginativa para capitalizarse a costa de los más incautos inversores: los propios conductores de las VTC.
La jugada no es nueva, como se vivió en la burbuja especulativa de la vivienda en 2008, pero es la primera vez que se realiza en el sector de las VTC, un negocio que está que trina con esta maniobra dada la desconfianza que genera.
La nueva “estrategia” de Cabify.
Vender humo, promesas, como los buenos tahúres del mundo financiero y sus instrumentos opacos, como las hipotecas subprime. Todo en base a una sentencia judicial cuyo cumplimiento está en manos de la Comunidad de Madrid, no en las de Cabify ni los conductores incautos que compran estas promesas.
El fallo del Tribunal Supremo señala que la Comunidad de Madrid debe revisar los 1.000 expedientes desde 2019, justo cuando entró en vigor la moratoria de Ábalos.
Autorizaciones, licencias para 4 años
Estas licencias, además, son para cuatro años, ni uno más a no ser que se dé una prórroga, que corre a cuenta del comprador, nunca de Cabify. La empresa celebró con jolgorio la decisión del Alto Tribunal, quizá como gancho para activar esta maquiavélica estrategia. De hecho, ni una sola gran empresa se ha interesado por estas ventas. Y es que, estar bien informado es clave a la hora de tomar una decisión de este calado.
El contrato de Cabify a los compradores
Cabify da por hecho que la Comunidad de Madrid otorgará licencias, pero el Gobierno autonómico apunta que dependerá del “equilibrio” entre la oferta y la demanda en el sector que se encuentra en un punto óptimo, señalan.
Cabify hará todo lo posible para que finalmente le sean concedidas las licencias, obligándose por contrato a realizar cuantas actuaciones le incumban, para que su tramitación administrativa concluya con la emisión a su favor de las tarjetas VTC. Solo este hecho, determinará la primera condición suspensiva del acuerdo y se dará a conocer al comprador mediante un correo electrónico. Para aclararlo, Cabify afirma que la condición suspensiva «se entenderá cumplida en la fecha de emisión por la CAM de las Tarjetas VTC a favor del vendedor.
Se trata, además, de una medida de presión para la Comunidad de Madrid. El ‘NO’ se lo lleva el dueño de estos expedientes mientras Cabify se está desprendiendo de ellos rápidamente. En total, la cifra alcanza los 1.000, a razón de esos 15.000 euros, la empresa ingresa la friolera de 15 ‘kilos’, suficientes para dejar atrás las pérdidas de más de cinco millones de euros.
Si seis meses después de firmarse el contrato no hay una respuesta positiva por parte de la CAM, el incauto comprador tendrá que realizar una «notificación por escrito» a Cabify para declarar extinguidas las obligaciones. Solo entonces la empresa procederá a devolver al comprador el anticipo pagado o bien acordar una prórroga. «Ninguna de las partes tendrá derecho a reclamar cantidad alguna a la otra, a excepción de la devolución del anticipo», apunta. No hay así garantía de pago alguna, más allá del compromiso de hacerlo, un hecho insólito para quien ostenta una posición dominante en la negociación.
Los “papelitos” de Cabify.
En definitiva son ‘papelitos‘, humo, cuyo valor es literalmente cero euros, a cambio de 15.000 euros y una serie de requisitos que solo se encaminan a engordar las cuentas de la compañía, nunca de quien los compra.
Estos ‘papelitos’ no son más que una promesa, pero suponen un riesgo del 100% del capital en el mejor de los casos para el comprador. Veamos más profundamente. La empresa Cabify obtuvo una sentencia judicial favorable para que la Comunidad de Madrid estudie de nuevo si conceden, o no, las licencias de la moratoria del decreto Ábalos.
La Comunidad de Madrid ha solicitado la documentación pertinente de cada una de estas licencias. Así, se mira los correspondientes vehículos, el pago de las tasas y el resto de requisitos inherentes para la obtención de este permiso. Cabify tiene la obligación de presentar esta documentación en 15 días, mientras la Administración tiene el plazo de seis meses para resolverlo. «Se está cumpliendo la sentencia», afirman de la Consejería de Transportes de Madrid.
Cabify, además, no ofrece ni contraaval ni contraprestación alguna en caso de que se deniegue la licencia.
Incluso cumpliendo todos los requisitos, la propia Administración podría denegar la licencia al entender que existe un equilibrio estable en el mercado basándose en la oferta y la demanda.
Si la Comunidad de Madrid lo deniega, quien posea estos papeles tendría que acudir a la Justicia para obtener su validez. Sería otro procedimiento. La Justicia no es precisamente rápida y pudieran pasar entre tres y cuatro años antes de poder tener una sentencia, que no siempre sería favorable.
15.000 € por una supuesta licencia que no es definitiva.
Con este escenario, el comprador no adquiere ninguna licencia, sino el papel que acredita que se cumplen los requisitos para obtenerla. Cabify lo vende por esos 15.000 euros, sin que el comprador pueda utilizar el vehículo, y en caso de obtener el sí de la Administración tendría exactamente cuatro años para amortizarla, un tiempo prácticamente imposible. Y es que, las fuentes del sector consultadas señalan que al menos se necesitan entre siete y ocho años para cubrir todos los gastos, cerca de 110.000 euros más un IVA del 21%, para tener cubierto el coche nuevo, seguro y el coste del combustible.
Con este ‘modus operandi’, Cabify ingresa 15.000 euros del tirón, mientras los compradores, la mayoría conductores de VTCs, están acudiendo a las sucursales bancarias para obtener préstamos en un momento de máximos en los tipos de interés a cambio de una posible licencia en el sector. Según las fuentes consultadas, la Comunidad de Madrid no está por la labor de aumentar el número de licencias, al tiempo que ha establecido topes para los precios máximos que pueden cobrar estos vehículos.
Con esta negativa, Cabify pretende presionar a la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso.
Una deuda de 15.000 € por una promesa.
Si finalmente las deniegan, los compradores se quedarán con una bonita deuda de 15.000 euros con el banco y sin posibilidad de poder amortizarla en tiempo y forma. Una ruina y una inversión de alto riesgo.
Nadie en su sano juicio invertiría en este negocio con estas condiciones, pero Cabify se aprovecha de la falta de cultura financiera y juega con los altos precios actuales. Y es que, si saliera bien, el comprador tendría que soltar más dinero para poder operar en las mismas condiciones que el resto de licencias del sector, como abonar el pago de la licencia oficial, mientras que el riesgo para Cabify es prácticamente nulo.
Los que ya han comprado su “papelito”
Sí, ya hay compradores de estos ‘papelitos’ que tendrán que acudir a los tribunales -otros tres o cuatro años de espera- en caso de que Cabify no se allane y evite devolver los 15.000 euros.
Hay más. Cabify no solo obtiene esos 15.000 euros. En caso de tener el visto bueno de la administración pública, el comprador tendría que abonar 75.000 euros más IVA, un impuesto situado al 21% al tratarse de una transacción mercantil. Es decir, el comprador adquiere la hipotética licencia por el módico precio de 90.750 euros, a los que se descuenta los 18.150 euros aportados inicialmente; y tiene únicamente cuatro años para amortizar la cantidad, a razón de 17.687,5 euros brutos por año más los intereses del crédito. Cabe señalar que en el nuevo convenio de las VTC se está tratando de aumentar el salario de los conductores a 18.000 euros brutos anuales.
Vuelta al modelo del falso autónomo y esclavitud en Cabify.
Además, una vez obtenida la licencia, el conductor crea un vínculo obligatorio con Cabify. Aquí el asunto se enturbia más. Si no era suficiente el pagar por un ‘papelito’, la nueva licencia exige una serie de condiciones muy duros. En el sector se conoce este hecho como la «esclavitud y obediencia» a Cabify.
Para empezar, las prórrogas corren a cuenta del conductor, que deberá pagar entre el 28% y el 40% de la facturación a Cabify, independientemente de los costes del trayecto. La empresa no aporta un sólo céntimo en combustible, ni tampoco se hace cargo de los costes del mantenimiento. Es el nuevo propietario quien disfruta de estos gastos y, por tanto, quien debe abonarlos.
El viernes, de 00.00 a 10 horas y de 16 a 23.59, mientras que sábados y domingos se exige de 00.00 a 7.00 y de 12 a 23.59 horas. Es decir, tan solo cinco horas de descanso en sábado. Se pueden imaginar el porqué de tantos accidentes en zonas urbanas.
Además, los conductores solo pueden rechazar el 15% de los viajes propuestos, es decir, tres de cada veinte viajes. La regla es muy sencilla, si no se cumplen estos requisitos, la multa impuesta por Cabify alcanza los 20.000 euros en este 2024, una penalización que se rebaja a 15.000 en 2025, otra de 10.000 en 2026 y de 5.000 para 2027, último año en el que la licencia está operativa.
Fuente: mercados.
